Política Digital
La complejidad del entramado jurídico y la disparidad entre leyes, reglamentos, normas, decretos y acuerdos -entre otras disposiciones- han ocasionado una gran diversidad de vacíos jurídicos, diferencias de criterio e incluso contradicciones entre ordenamientos. Esto ha sido producto de la rapidez con que han evolucionado las herramientas tecnológicas que se emplean para impulsar el desarrollo de la sociedad en cada entidad del país, señaló Manuel Tamez, Presidente de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).
Al presentar los resultados del Proyecto de Homologación Normativa en Estados y Municipios en materia de Tecnologías de la Información (TI), elaborado por la firma CGMPS Consultores, Tamez dijo que es necesario un esfuerzo específico y concertado de armonización de las legislaciones para hacerlas compatibles con las otras legislaciones federales y estatales.
El estudio, desarrollado desde 2008 bajo los auspicios del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) de la Secretaría de Economía y del Proyecto de Desarrollo de la Industria de las TI del Banco Mundial y bajo la responsabilidad de la AMIPCI, se llevó a cabo en tres etapas: la primera consistió en una investigación exhaustiva de los marcos legales en los 31 estados del país y el Distrito Federal, para identificar las iniciativas y su modalidad de regulación de las actividades relacionadas con las TI.
Las conclusiones de la investigación establecen una serie de categorías en las que los marcos legales locales deben realizar ajustes para que las TI tengan la validez y certidumbre en los actos jurídicos del ámbito estatal, en su relación con la legislación federal e incluso en relaciones internacionales:
Contratación en línea y comercio electrónico. Se refiere tanto a la normatividad que impulsa la economía digital (leyes de firma electrónica, o reformas a códigos de comercio) como a las políticas públicas específicas que busquen impulsar a la industria de las TI como factor de competitividad e innovación.
Gobierno y TI. Atribuciones para que cada entidad diseñe y desarrolle una agenda digital, e integre en sus programas de planeación estratégica apartados específicos de uso, promoción e impulso de las TI.
Seguridad de la Información. Sobre las atribuciones en materia de Seguridad de la Información, tales como aspectos probatorios; clasificación de activos intelectuales; conservación de mensajes de datos; controles y auditoría; manejo de la información reservada, confidencial y privada; políticas y programas de seguridad de la información (estándares); propiedad intelectual; protección de datos personales; transferencia de tecnología; entre otros.
Delitos informáticos y cómputo forense. Delimitación de delitos informáticos, el establecimiento de los medios electrónicos como evidencia legal en juicio, así como las medias precautorias adecuadas, presentes en los Códigos Penales y los de Procedimientos Penales de cada entidad.
Según el estudio, si se lograran realizar las modificaciones constitucionales correctas a nivel local, se estaría dando facultades a las autoridades estatales de los tres poderes para:
Expedir agendas digitales o programas sectoriales para las TI;
Emitir decretos o acuerdos que estimulen el crecimiento de las contrataciones en línea;
Reconocer el valor de las firmas, certificados y expedientes digitales;
Prever estímulos fiscales para el desarrollo del sector;
Crear infraestructura para la conectividad;
Permitir que los Municipios emitan reglamentos para la seguridad informática;
Tramitar juicios en línea;
Estimular el uso de las herramientas tecnológicas por parte de notarios públicos y agentes de la intermediación civil;
Prever reglas para la seguridad informática;
Dar reconocimiento interestatal (transfronterizo) a operaciones on line; entre otros rubros.
Para consultar la presentación que se hizo del Proyecto de Homologación Normativa en Estados y Municipios en materia de Tecnologías de la Información, haz clic aquí.
La complejidad del entramado jurídico y la disparidad entre leyes, reglamentos, normas, decretos y acuerdos -entre otras disposiciones- han ocasionado una gran diversidad de vacíos jurídicos, diferencias de criterio e incluso contradicciones entre ordenamientos. Esto ha sido producto de la rapidez con que han evolucionado las herramientas tecnológicas que se emplean para impulsar el desarrollo de la sociedad en cada entidad del país, señaló Manuel Tamez, Presidente de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).
Al presentar los resultados del Proyecto de Homologación Normativa en Estados y Municipios en materia de Tecnologías de la Información (TI), elaborado por la firma CGMPS Consultores, Tamez dijo que es necesario un esfuerzo específico y concertado de armonización de las legislaciones para hacerlas compatibles con las otras legislaciones federales y estatales.
El estudio, desarrollado desde 2008 bajo los auspicios del Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft) de la Secretaría de Economía y del Proyecto de Desarrollo de la Industria de las TI del Banco Mundial y bajo la responsabilidad de la AMIPCI, se llevó a cabo en tres etapas: la primera consistió en una investigación exhaustiva de los marcos legales en los 31 estados del país y el Distrito Federal, para identificar las iniciativas y su modalidad de regulación de las actividades relacionadas con las TI.
Las conclusiones de la investigación establecen una serie de categorías en las que los marcos legales locales deben realizar ajustes para que las TI tengan la validez y certidumbre en los actos jurídicos del ámbito estatal, en su relación con la legislación federal e incluso en relaciones internacionales:
Contratación en línea y comercio electrónico. Se refiere tanto a la normatividad que impulsa la economía digital (leyes de firma electrónica, o reformas a códigos de comercio) como a las políticas públicas específicas que busquen impulsar a la industria de las TI como factor de competitividad e innovación.
Gobierno y TI. Atribuciones para que cada entidad diseñe y desarrolle una agenda digital, e integre en sus programas de planeación estratégica apartados específicos de uso, promoción e impulso de las TI.
Seguridad de la Información. Sobre las atribuciones en materia de Seguridad de la Información, tales como aspectos probatorios; clasificación de activos intelectuales; conservación de mensajes de datos; controles y auditoría; manejo de la información reservada, confidencial y privada; políticas y programas de seguridad de la información (estándares); propiedad intelectual; protección de datos personales; transferencia de tecnología; entre otros.
Delitos informáticos y cómputo forense. Delimitación de delitos informáticos, el establecimiento de los medios electrónicos como evidencia legal en juicio, así como las medias precautorias adecuadas, presentes en los Códigos Penales y los de Procedimientos Penales de cada entidad.
Según el estudio, si se lograran realizar las modificaciones constitucionales correctas a nivel local, se estaría dando facultades a las autoridades estatales de los tres poderes para:
Expedir agendas digitales o programas sectoriales para las TI;
Emitir decretos o acuerdos que estimulen el crecimiento de las contrataciones en línea;
Reconocer el valor de las firmas, certificados y expedientes digitales;
Prever estímulos fiscales para el desarrollo del sector;
Crear infraestructura para la conectividad;
Permitir que los Municipios emitan reglamentos para la seguridad informática;
Tramitar juicios en línea;
Estimular el uso de las herramientas tecnológicas por parte de notarios públicos y agentes de la intermediación civil;
Prever reglas para la seguridad informática;
Dar reconocimiento interestatal (transfronterizo) a operaciones on line; entre otros rubros.
Para consultar la presentación que se hizo del Proyecto de Homologación Normativa en Estados y Municipios en materia de Tecnologías de la Información, haz clic aquí.
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